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Noticias

  • Isaac Vidal

Partiendo del supuesto de que el derecho constituye una práctica profesional que involucra un dinamismo inherente según las circunstancias sociohistóricas imperantes, se ha podido observar -principalmente en materia ambiental- una serie de resoluciones pronunciadas por la Excma. Corte Suprema (ECS) que, a juicio del suscrito, implican una difuminación de los límites esenciales de procedimientos seguidos por órganos pertenecientes a poderes del Estado -supuestamente- separados, teniendo consecuencias procesales de consideración.

 

En primer término, me refiero a una serie de pronunciamientos de la ECS (v.gr. roles N°3.392-2023, N°3.393-2023, N°170.249-2022, 160.774-2022, N°96.002-2021, N°65.369-2021, N°82.391-2021, entre otros) que han manifestado que aquellas resoluciones pronunciadas por los Ilustres Tribunales Ambientales (TA) en reclamaciones surgidas contra actos de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que culminan procedimientos sancionatorios, imponiendo sanción, o contra actos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) que han declarado humedales urbanos en virtud de la Ley N°21.202, no constituyen sentencias definitivas cuando dichas sentencias han dispuesto la retrotracción del procedimiento administrativo, ordenando a la autoridad emitir un nuevo pronunciamiento que cumpla cabalmente el deber de motivación/fundamentación en base a los antecedentes que obran en el correspondiente procedimiento administrativo.

 

Todavía más, habiendo comenzado en dichas materias, a inicios del presente mes de diciembre de 2023, la ECS (rol N°87.601-2023) dictó una resolución mediante la cual declaró inadmisibles recursos de casación de forma y fondo interpuestos en contra de una sentencia del I. Tercer Tribunal Ambiental (TAV), por la cual acogió una reclamación en contra de una resolución de calificación ambiental (RCA), disponiendo el deber de evaluar “eventuales impactos sinérgicos que se generen al considerar la ejecución conjunta del Proyecto con otros centros de engorda de salmones…”, señalando que el pronunciamiento del TAV “no es una sentencia definitiva, así como tampoco una interlocutoria de aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación”, fundando aquello en que, no obstante poner término a los reclamos, la decisión jurisdiccional de instancia no habría puesto término al procedimiento de calificación ambiental, excluyendo del conocimiento de la Corte los medios de impugnación deducidos.

 

Así, en opinión del suscrito, la ECS ha señalado sorprendentemente que las sentencias de los TA pronunciadas en los casos recién referidos no constituyen sentencias definitivas por cuanto “no ponen fin al procedimiento”; no obstante, aquello desvirtúa el concepto legal dispuesto para definir aquellas resoluciones judiciales que constituyen sentencias definitivas.

 


En efecto, como es de público conocimiento, el inciso 2° del art. 158 del Código de Procedimiento Civil (CPC) define a la sentencia definitiva como aquella “que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio”. Con ello presente, lo que procedería es revisar cuál es la cuestión o asunto que es objeto del litigo sometido al conocimiento de los TA.

 

Al respecto, existe consenso doctrinal (v.gr. Méndez, 2018) en cuanto a que las reclamaciones que son de competencia de los TA se enmarcan dentro de aquella clase de acciones jurisdiccionales que apuntan a cuestionar -y revisar- la legalidad del acto administrativo de que se trate, por lo que es dable afirmar que “la cuestión o asunto” que es objeto del litigio sometido -en este caso- al conocimiento del TA es “la legalidad del acto administrativo”, sea de la SMA, el MMA o la Comisión de Evaluación Ambiental.

 

Si bien podría desprenderse algún fundamento de economía procedimental del proceder del Máximo Tribunal, lo cierto es que no existe mayor cuestionamiento en orden a entender que las normas que regulan la procedencia de recursos procesales tienen -en términos generales- carácter de normas de orden público. Desde esta perspectiva, sin perjuicio del caso particular de las declaraciones de humedales urbanos (en cuanto no está expresamente establecida la procedencia de los recursos de casación), resulta discutible que se esté excluyendo la procedencia de los referidos medios de impugnación, lo que se torna más patente en el caso referido a la subsistencia de una RCA, ya que, tratándose de una reclamación a la que antecedió una solicitud de invalidación del acto administrativo, se encuadraba en aquellos casos en que la Ley N°20.600 reconoce expresamente la procedencia de los recursos de nulidad formal y sustantivos para impugnar las sentencias definitivas (art. 26, en relación con el art. 17 N°8).

 

Por su parte, y quizás aún más relevante que lo anterior, puede ser problemático sostener que los pronunciamientos de los TA en los casos aquí aludidos no constituyen sentencias definitivas, bajo el fundamento de no poner término al procedimiento, quedando la decisión del asunto en manos de la autoridad administrativa. Sobre el particular, las resoluciones emanadas del Máximo Tribunal llevan a identificar, en su esencia, procedimientos que son llevados por órganos integrantes de distintos poderes del Estado, revistiendo dichos procedimientos naturalezas divergentes.

 

En efecto, el procedimiento que lleva la SMA resuelve sobre la verificación de la comisión de infracciones a la normativa ambiental, y la determinación de la sanción a aplicar, mientras que la COEVA se pronuncia sobre la calificación ambiental de un proyecto en base al procedimiento instruido por el Servicio de Evaluación Ambiental. Por el contrario, el procedimiento seguido ante los TA apunta a resolver los cuestionamientos de legalidad formulados en contra de las actuaciones de las referidas autoridades administrativas.

 

De esta manera, cuando la ECS deniega el carácter de sentencia definitiva a una resolución del órgano jurisdiccional que se pronuncia sobre una reclamación interpuesta en los casos señalados, bajo el argumento de que no se ha resuelto el asunto que ha sido el objeto del juicio, pareciera materializarse una contravención a los principios basales de un estado de Derecho como el que impera en nuestra República.

 

Así las cosas, la identificación de entidades que se plasma en las aludidas resoluciones de la ECS, difuminando la determinación del objeto de la acción de reclamación en materia ambiental, no solo diluye los límites de las actuaciones de órganos pertenecientes a poderes del Estado -en teoría separados-, sino que termina por restringir el derecho al recurso, que ha sido entendido como garantía fundamental a nivel internacional.

 

En suma, la prevención que se plantea apunta a que -con las consecuencias procesales que de ello se deriven- no parece plausible que se sostenga que una resolución judicial de algún TA que culmina procedimientos surgidos en virtud de lo dispuesto en los artículos 17 N°3 y N°8 de la Ley N°20.600 y 3° de la Ley N°21.202 no constituya sentencia definitiva, en tanto aquellas se pronuncien sobre la legalidad del acto administrativo, ordenando las actuaciones que, en consecuencia, sean procedentes.

  • Daniel Benoit

En los últimos 7 años una serie incendios han consumido una superficie aproximada de 1.021.190 Ha[1]. En ese escenario es importante destacar que algunas regulaciones no son precisamente una manera eficaz de controlarlo, sino que pueden resultar inductivas como es el Reglamento de roce a fuego[2]. Ahí encontramos anquilosado el concepto de que la forma eficaz de descarte de restos agrícolas, ganaderos o silvícolas sea la “quema controlada” la que libera de emisiones de Material Particulado y eventuales compuesto orgánicos volátiles[3] si se queman envases de productos fitosanitarios y plásticos utilizados en siembras e invernaderos para la horticultura y viveros entre otros además de erosionar el suelo.


En materia vial, encontramos que la Autoridad Ambiental viene autorizando desde hace mucho al aprobar Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental, el uso del fuego para despejar la franja de servidumbre situada al costado de autopistas. Así las cosas, hoy después de más de una década de sequía resulta complejo que se siga obteniendo dicha autorización de CONAF quien establece un calendario al efecto[4]. Sólo baste citar que, los incendios son la mayor de las veces intencionales y que redundan en impactos sociales, ambientales y económicos del mayor nivel, obligando a efectuar una trabajo mancomunado público-privado.


El fuego ha llegado para quedarse asociado al calentamiento global en latitudes tales como Grecia, España o bien Australia o Nueva Zelanda. Así las cosas, sin agua en los Ríos y recarga de los acuíferos, es muy difícil combatir el fuego y sus nefastas consecuencias que a la fecha han costado la pérdida de miles de viviendas, siembras de forraje, vitis vinífera y bosque introducido, bosque y sotobosque Nativos, contabilizándose a la fecha a los menos 20 incendios que no pueden ser extintos. Lo anterior nos trae a la memoria dos sucesos graves: El primero, el incendio en el Parque Nacional Conguilío en que se le ofreció apoyo especializado a CONAF con aeronaves y expertos extranjeros, quienes declinaron el apoyo contestando que “el fuego se apaga con fuego”.


El segundo incendio fue atribuido a una maniobra temeraria de un Alpinista Checo[5] quien en 2005, recorriendo circuitos señalizados al interior de Parque Nacional Torres del Paine, decidió desatender la señalética camino a Laguna Azul y Laguna Amarga, decidiendo preparar en un anafre una sopa para uno, volteándose a consecuencia de una ráfaga, generando un incendio que consumió 15.000 ha de bosque nativo -compuesto por lengas y ñires- generando la interposición de una demanda por daño ambiental por el menoscabo significativo de no sólo dichas especies, sino que también de 25 ejemplares de fauna protegida compuesta entre otras por pumas, ñandúes, zorros entre otros de uno de los Parques Nacionales más visitados del País, reservándose la acción indemnizatoria por afectar al patrimonio ambiental nacional.


Lo anterior motivó negociaciones diplomáticas que desembocaron en la visita de una delegación de Botánicos, Ingenieros Forestales y veterinarios Checos, que prestando sus servicios instalaron viveros y, reprodujeron especies nativas que luego fueron plantadas obteniéndose una tasa de prendimiento superior al 70%.


Por lo anterior,es necesario consignar que la superficie de al menos 540.000 hectáreas amagadas por el incendio que aún subsiste ha dejado de prestar servicios ambientales de secuestro de carbono por la quema de especies exóticas y especies nativas, todas las cuales son necesarias para mitigar los efectos del Cambio Climático de un País fuertemente golpeado por sus efectos.


Daniel Benoit M

Experto en Medio Ambiente y Recursos Naturales

Ex Presidente de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental


Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente el parecer de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental

[1] En 2017 la superficie fue de 570.197 Ha y a marzo de 2023 es de 451.000 Ha [2] D.S 276/ 80 Minagri, D. Of 04.11.1980 [3] Chile es parte de Convenios Internacionales de Estocolmo y Rotterdam. [4] Calendario Zona Sur año 2017 https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1492540954folletocompletosur.pdf Calendario quemas controladas Conaf 2022-20223https://www.conaf.cl/incendios-forestales/prevencion/quemas-controladas/ [5] Jiri Smitak Contador y aficionado al Trekking y al Alpinismo, fue detenido y luego de un procedimiento simplificado pagó $ 121.000 ante la Jueza de Garantía de Puerto Natales por Delito culposo de incendio, siendo liberado para trasladarse a la localidad de USHUAIA y posteriormente Buenos Aires para recluirse durante un periodo importante en el Reino Unido antes de volver a la República Checa. Cabe recordar que para la extinción del fuego participaron brigadistas de Conaf, efectivos del Ejército y de la Armada además de brigadistas argentinos los que trabajaron hasta las 10 de la noche y los Brigadistas de Conaf hasta las 6 de la tarde.

  • Daniel Benoit

A mediados de la década de los noventa del siglo pasado, la salmonicultura paso a ser un sector productivos importante o relevante dentro del PIB[1]. Sin embargo, una década después se empezaron a conocer los impactos negativos que traería aparejada la presión sobre recursos naturales renovables o no dando a conocer una desacertada gestión ambiental. Así las cosas, esta actividad productiva tendrá dos fases de desarrollo, la primera en aguas dulces continentales ocupando lagos y lagunas principalmente de la Región de los Lagos, para posteriormente pasar su crecimiento y cosecha en aguas marinas de fiordos y canales del sur, en las Regiones de los Lagos, Aysén y Magallanes. Las regulaciones eran claras, sin embargo, las fiscalizaciones magras o exiguas. Lo anterior fue confirmado por una auditoría encargada al OCDE a finales del primer decenio del siglo veintiuno, lo que obligo a diseñar una Autoridad Ambiental provista de un ente fiscalizador con dientes que pudiese revocar licencias y aplicar multas importantes. Consecuentemente, en el año 2012 entra a funcionar la Superintendencia de Medio Ambiente[2] y ese mismo año se instala el Primer Tribunal Ambiental para hacer efectiva la responsabilidad por menoscabos ambientales. No obstante, diez años antes se iniciaba en Tribunales de la Cuidad de Puerto Montt, un juicio por daño ambiental en contra de Inversiones Errazuriz por hacer colapsar un lago privado cuyas aguas son bienes nacionales de uso público. El colapso se debió a que contando con autorizaciones de la Subsecretaría de Pesca y Servicio Nacional de Pesca para engordar alevines de salmones y truchas, con una capacidad de carga especificada en consideración a sus características, fue superada en más de 300 veces, generando un ambiente anóxico además de alterar las propiedades fisicoquímicas del agua y su columna, lo que científicamente de llama eutrificación y que en sencillo corresponde a afectar la laguna con una nata de alga entre los meses de octubre a abril, sin poseer dicho cuerpo de agua capacidad de autodepurarse. Luego de un proceso judicial de dos años, la empresa Inveraz -continuadora de Salmones Unimarc- fue condenada a reparar el fondo del lago y el agua dañada que ni siquiera cumplía con la calidad de aguas sin contacto humano recreativos, además de obligarla a indemnizar al Fisco de Chile por los perjuicios ocasionados por la alteración de la calidad del agua en su condición de Bien Nacional de Uso Público.


Por su parte en 2018, un grupo de pescadores de la Región de los Lagos, presentaron un recurso de protección en contra de las Autoridades Ambientales[3] por autorizar el cultivo marino de salmones y posterior disposición final de toneladas de peces en descomposición en el mar, y su deficiente fiscalización. Este medio de revisión de decisiones administrativas fue resuelto por la Corte Suprema considerando que el vertimiento en el mar en un lugar autorizado por la Dirección del Territorio Marítimo y la Marina Mercante era menos prejudicial desde la óptica sanitaria, que haberlos almacenado y dispuesto en la Isla de Chiloé que mantiene hasta hoy problemas sanitarios con vertederos colapsados por capacidad o vida útil, sin existir rellenos sanitarios de reemplazo.


En los casos informados, la componente cambio climático es un detonante, ya que se vio claramente identificado con la descomposición de excesos de nutrientes que, combinados con antibióticos y la radiación solar primavera verano, alentó la eutrificación de la Laguna Auquilda y en el segundo , la mortandad de miles de toneladas de salmones en el mar se debió al aumento de la temperatura del mar en más de 1 grado, conforme lo estimaron científicos y lo refrendaron los informes de IPCC y la cumbres de cambio climático que se han realizado después de la Acuerdo de Paris.


Lo anterior da cuenta no sólo del avance del calentamiento global, sino que nuestro país es uno de los más afectados, con incendios, aluviones, 12 años de sequias y finalmente aumentos de las temperaturas de sus aguas continentales como marinas.



Por Daniel Benoit M, experto en Medio Ambiente y Recursos Naturales




Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente el parecer de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental



[1] Chile es el primer productor mundial en truchas y el segundo productor en Salmon. De 159 millones de UDS exportados en 1991 llegó a 1.721 millones de UDS en 2005 Fuente: www.subpesca.cl [2] En 2020. La Superintendencia de Medio Ambiente sanciono con $ 5.300 millones de pesos a Salmonera Mowi. El sector pesca a acuicultura el tercer lugar del total de multas cursada ambientales siendo superado por Minería y Energía. https://snifa.sma.gob.cl/Estadisticas/Resultado/4 [3] Servicio Nacional de Pesca, Dirección del Territorio Marítimos y la Marina Mercante, Seremía de Salud, Superintendencia de Medio Ambiente y Ministerio del Medio Ambiente por infracción de regulaciones ambientales.



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