Hoy vuelve a aparecer en titulares, parte de una larga teleserie sin fin, una problemática compleja. Vamos por parte. El ex vertedero de La Chimba por años fue el centro de las demandas ciudadanas para su cierre, dio nacimiento a liderazgos políticos y marcó un hito al cerrarse para los residuos domiciliarios y asimilables a domiciliarios en diciembre de 2019, al abrirse en paralelo Chaqueta Blanca. Desde ese minuto comenzó a acentuarse la problemática.
Efectivamente, al interior del ex vertedero comenzó un proceso de movimiento de tierra y cierre que permitió mantener el problema en su interior, en cierta medida controlado, a la espera de la remediación definitiva; pero centenares de fleteros, que no estaban disponibles a recorrer la distancia hacia el nuevo vertedero y menos a pagar su arancel, convirtieron diversos puntos de nuestra ciudad en pequeños o más grandes vertederos, y extendiendo ese problema sanitario a sus alrededores, creando una tormenta perfecta: extracción ilegal de áridos; industrias ilegales; personas en situación de calle que viven de la acumulación de residuos o de la extracción de metal de los neumáticos, por lo que generan frecuentes quemas; mala utilización de la figura de la propiedad minera para justificar ocupación de extensas superficies de suelo fiscal con fines absolutamente alejados del fin de dicha figura; etc.
Hoy diversos organismos son competentes y responsables de fiscalizar este gravísimo problema ambiental; la solución de fondo pasando por aplicar la ley y por tomar decisiones de Ordenamiento Territorial que permitan darle un uso adecuado al sector. Sabemos que nuestro país adolece de una legislación en materia de suelos, no obstante, durante los últimos años el Ministerio de Medio Ambiente en Chile ha realizado variados esfuerzos para generar catastros de sitios con potencial presencia de contaminantes (SPPC).
Por eso, se debe interpretar como una muy mala señal el hecho que el Municipio por medio de su Ord. 1611/2021 del pasado 14 de julio, manifieste su intención de no proseguir con la renovación de la concesión de uso gratuito sobre el inmueble donde se ubicaba el ex vertedero. Porque debemos recordar que la administración anterior, en su oportunidad, recibió alrededor de 200 millones de pesos por parte de la SUBDERE precisamente para hacer el Estudio de Impacto Ambiental de la remediación del sector. El camino no es deslindar responsabilidades, sino asumirlas con el sentido de urgencia que los antofagastinos reclaman, sobre todo cuando debemos tener la claridad de que ese proceso deberá aplicarse también a todo su entorno, cuyos suelos del mismo modo se ven afectados por la acumulación de residuos.
Es vital que las autoridades involucradas puedan referenciar la experiencia internacional, que da cuenta de proyectos exitosos con grandes similitudes al ex Vertedero de la Chimba, tanto a nivel de técnica como del contexto social, Francia es referente en esta materia. Por ello, el liderazgo y trabajo en equipo que puedan asumir nuestros recién asumidos Gobernador Regional, Delegado Presidencial Regional y Alcalde serán claves para entrever a la brevedad el último capítulo de este larguísimo drama. Para que, por fín, la Perla se empiece a sanar.
Por Rafael Castro. Abogado y Magíster en Derecho Ambiental
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