El cambio climático es una realidad palpable y el derecho la está recogiendo, a nivel local e internacional. El Ministerio de Medio Ambiente ya presentó un anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático, en el cual se propone que Chile se convierta en el primer país en vías de desarrollo en ser carbono neutral al año 2050 y uno de los líderes a nivel mundial. Esta declaración representará un desafío mayor para las empresas, las cuales deberán ajustarse a una legislación ambiental más exigente, con nuevas normas y sanciones estrictas. Ejemplo de esto último es la indicación sustitutiva ingresada por el Gobierno a principios de julio para su proyecto de delitos ambientales, en la cual propone triplicar el valor de la multa en caso de una sanción máxima, llegando hasta las 3.000 UTM.
Sin duda, la realización de la COP25 en Chile ha sido un gran aliciente para que el Gobierno impulse con más fuerza una serie de proyectos que buscan potenciar la legislación medioambiental, ya que la principal cumbre planetaria de esta materia debería ser una instancia de concreción de muchas ideas normativas. Así, hemos visto en el último tiempo no solo el inicio de las consultas públicas del anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático, sino también la del anteproyecto de Decreto Supremo que establece las metas de recolección y valorización de envases y embalajes, uno de los productos prioritarios indicados en la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). A esto se suma el hecho de que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados votó a favor de la idea de legislar el proyecto que busca reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que busca, entre otras cosas, aumentar el componente técnico de las decisiones y entregar certeza jurídica, así como disminuir el componente político, por medio de la eliminación de la reclamación ante el Comité de Ministros o el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Es por esto que las empresas y gremios exportadores deben asimilar esta materia a la brevedad e incluir esto en sus programas de compliance. Ya no se trata solo de un tema de Responsabilidad Social Empresarial, ahora la preocupación pasará a ser normativa y fuente de responsabilidades legales. Cumplir con estándares ambientales obliga a las empresas a considerar el factor de riesgo de los impactos por el cambio climático y puede influir directamente en sus estados financieros (menos lluvia, mayores regulaciones, etcétera). Los consumidores, las agrupaciones locales y nuevas colectividades políticas están exigiendo un rol más activo en la promoción y protección del medio ambiente. En esta línea, Chile, como país exportador, debe anticiparse a las nuevas regulaciones locales y externas. Si no se actúa rápido, nuestros productos (cobre, vino, fruta, salmón, carnes, etcétera) podrían perder competitividad por una alta huella de carbono.
* Sergio Guzmán es abogado experto en temas ambientales y socio de Grupo Vial Serrano Abogados.